El «Morro Gaira», una isla rocosa ubicada a aproximadamente un kilómetro de las playas de El Rodadero en Santa Marta, ha sido objeto de una reciente decisión judicial que reafirma su estatus como bien de uso público. Este fallo evita que el Estado colombiano pague una indemnización superior a 121.000 millones de pesos a los herederos de Gustavo Díaz Segovia, quien había recibido la adjudicación del Morro en la década de 1960.
En 2016, el Consejo de Estado anuló las resoluciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) que otorgaron dicha adjudicación, declarando el Morro Gaira como bien de uso público, inalienable e imprescriptible. Posteriormente, los herederos de Díaz Segovia interpusieron una demanda de reparación directa, argumentando perjuicios por la anulación y solicitando una indemnización millonaria.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó esta demanda, respaldando la decisión del Consejo de Estado y destacando que el Morro Gaira no podía ser objeto de apropiación privada debido a su naturaleza de bien público. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en el proceso, argumentando que la anulación de las resoluciones del INCORA se ajustaba a la normativa vigente y que la duración del proceso judicial, que se extendió por más de 22 años, se debió a su complejidad y a la congestión judicial, sin que ello constituyera una irregularidad.
Este fallo reafirma la importancia de proteger el patrimonio público y garantiza que bienes de uso común, como el Morro Gaira, permanezcan bajo la titularidad del Estado. La decisión evita un impacto financiero significativo para el Estado colombiano y refuerza el compromiso de defender los intereses de la Nación con rigurosidad jurídica y técnica.
#ondasdelcaribe
